En estos tiempos confluyen dos aniversarios, uno siniestro y el otro tragicómico. Ambos aniversarios están íntimamente relacionados. Fueron causados por una profunda falta a la verdad; por la noción perversa de que la "verdad" es lo que responde a los objetivos políticos de los que detenta el Poder Ejecutivo; y que la historia es la garantía última de que el poder esté en manos de aquellos a los que corresponde por derecho.
En enero de 1937 se anunció el censo de la población de la Unión Soviética. Su cuestionario fue editado por el secretario general del Partido Comunista soviético, José Stalin. El había sostenido ya en 1932 que la población total de la Unión alcanzaría en los próximos cinco años los 180 millones, por la mejora en las condiciones de vida, la reducción de la mortalidad infantil y la mayor fertilidad. En este caso, la horrible hambruna creada por la planificación brutal pero inepta causó tantas muertes en Ucrania que el número total de habitantes resultó menor de lo que el secretario general había anunciado.
Nadie sabrá jamás cuál era la cifra total porque los demógrafos responsables del contenido y la logística fueron encarcelados, deportados al Gulag y nunca se supo de ellos; los resultados del censo se destruyeron y no se realizó ningún otro en la Unión Soviética hasta 1959.
También recordamos el cuarto aniversario de lo que sucedió a los argentinos en enero de 2007. Una intervención brutal en la oficina estadística gubernamental, bajo pretextos insostenibles, ha determinado que los ciudadanos nunca sabrán lo que sucedió con su economía desde 2007 en adelante y hasta que la situación se revierta. No podrán saberlo hasta que se reintroduzcan estándares objetivos y científicos en las estadísticas económicas del país, en particular el Indice de Precios al Consumidor (IPC). No hay chicana que pueda alterar ese hecho.
Los dos aniversarios coinciden en cuanto al robo de la historia oficial de un país.
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